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Salva​guardar  a la población, a sus bienes y a su entorno ante desastres de origen natural o humanos, a través de la implementación de una política estratégica de prevención y gestión eficaz de las emergencias derivadas de dichos desastres.
Contribuir a la prevención y mitigación de desastres, brindando orientación, asesoría y apoyo a las instancias integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil y fomentar en la población la cultura de protección civil mediante el autocuidado y la autoprotección, así como proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de contingencia, procurando el regreso a la normalidad  lo más rápido posible.
Ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa, coordinada, corresponsable y solidaria de la sociedad y el gobierno, con el objeto de preservar la vida de las personas y sus bienes, ante los riesgos de los fenómenos perturbadores antropogénicos o de origen natural, coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de nuestro estado, proporcionando la protección a los mexiquenses.
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Lic. Samuel Gutiérrez Macías

Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

De 2013 a 2016 en la Secretaría de Gobernación, se desempeñó como Subdirector de Protección Civil, posteriormente como Director Técnico de la Dirección General de Protección Civil de 2016 a 2018.

Actualmente es Coordinador General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

¿Qué es Protección Civil?

La Protección Civil es un conjunto de actividades que tienen como objetivo apoyar a la población, protegiendo la integridad física de las personas y su patrimonio frente a los desastres naturales o de carácter antrópico1.

Acerca de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo

Es el órgano encargado de coordinar las acciones solidarias y participativas, que en atención de los riesgos de origen natural o antrópico1, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la concertación de los sectores público, privado y social.
Con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera responsable se involucren las etapas de intensificación de riesgos, previsión, prevención, mitigación, auxilio y recuperación; para  salvaguardar la vida, la integridad, estabilidad, salud y fortalezca las capacidades de resiliencia de la población y sus bienes.

1 Antrópico - Alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente.

Atribuciones

I. Elaborar y ejecutar programas de difusión orientados al desarrollo y consolidación de la cultura de la protección civil, el autocuidado y la autopreparación.
II. Establecer y ejecutar programas para la formación, capacitación, adiestramiento y actualización de servidores públicos estatales y municipales, integrantes de organizaciones sociales, privadas, académicas y, en general, de cualquier persona interesada en la protección civil.
III. Promover la prevención y salvaguarda de las personas, de sus bienes y del entorno, mediante la realización de ejercicios y simulacros, así como del aprendizaje de actitudes que deberán asumirse en casos de emergencias y desastres.
IV. Coordinar los dispositivos implementados para atender las situaciones de emergencias y desastres.
V. Identificar y adoptar modelos de medición y simulación de contingencias, emergencias y desastres.desastres.
VI. Coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil, así como las acciones de prevención, auxilio y recuperación de zonas afectadas en caso de contingencia o desastre.
VII. Recabar, integrar y sistematizar la información que facilite el estudio y análisis de las emergencias y desastres que afectan a la población, así como las acciones pa ra su atención oportuna.
VIII. Impulsar la realización de investigaciones científicas y técnicas, así como el intercambio de tecnología para el desarrollo de procedimientos en materia de protección civil.
IX. Integrar el Atlas de Riesgos y coordinarse con las autoridades similares del Distrito Federal, de otras entidades federativas y de los municipios para la elaboración de los Atlas Metropolitanos de Riesgos que correspondan.
X. Promover la integración de los Atlas y programas de riesgos de los Municipi os de la Entidad y proporcionar la asesoría que al respecto le soliciten.
XI. Impulsar la creación, integración y funcionamiento de consejos municipales de protección civil y determinar con la autoridad municipal, los mecanismos de coordinación para su funcionamiento.
XII. Formular y promover mecanismos de coordinación en materia de prevención, atención de emergencias y desastres, con autoridades federales, del Distrito Federal, entidades federativas y municipios, así como con los sectores social, privado, nacional e internacional.
XIII. Coordinar sus acciones con autoridades federales y municipales para la atención de emergencias y desastres, derivados de la utilización de sustancias explosivas, detonantes y pirotecnia, de conformidad con las disposiciones aplicables.
XIV. Elaborar el Programa Estatal de Protección Civil y someterlo a la consideración del Secretario para su aprobación por el Consejo Estatal de Protección Civil,así como llevar a cabo su ejecución.
XV. Elaborar normas técnicas en materia de protección civil y someterlas al Secretario para su aprobación y posterior publicación.
XVI. Proponer al Secretario la normatividad en materia de prevención y atención de emergencias y desastres.
XVII. Coordinar el funcionamiento de los centros regi onales de protección civil. Civil.
XVIII. Evaluar, supervisar y verificar en términos de la normatividad aplicable, las condiciones de seguridad en instalaciones industriales, comerciales y de servicios fijos y móviles, que permitan el manejo adecuado de materiales y residuos peligrosos, así como de maquinarias y equipos de uso restringido, con la finalidad de prevenir accidentes de emergencias y desastres yaplicar, en su caso, las sanciones que correspondan por las infracciones establecidas en la legislación de la materia.
XIX. Verificar las condiciones de seguridad de los inmuebles, instalaciones públicas y privadas así como eventos públicos donde acuda la población y emitir los dictámenes correspondientes, así como aplicar, en su caso, las sanciones que correspondan por las infracciones establecidas en la legislación de la materia.
XX. Implementar acciones, mecanismos y procesos en materia de protección civil, tendientes a facilitar la instalación, operación, ampliación y regularización de giros comerciales, industriales y de servicios en el territorio de la entidad, de conformidad con la legislación aplicable en la materia.
XXI. Elaborar los dictámenes técnicos que le correspondan y emitir las resoluciones derivadas de los programas de inspección en materia de protección civil.
XXII. Asesorar a los sectores públicos, social y privado que lo soliciten, en la elaboración de sus programas internos de protección civil, así como en la integración y funcionamiento de sus unidades internas de protección civil.
XXIII. Integrar y operar el Sistema Estatal de Información de Protección Civil y el Registro Estatal de Protección Civil.
XXIV. Asumir la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Protección Civil.
XXV. Supervisar que el personal a su cargo, al advertir la comisión de algún delito preserve y custodie el lugar de los hechos, con la finalidad de que las pruebas e indicios no pierdan su calidad probatoria de origen, hasta que la autoridad competente inicie la investigación correspondiente.
XXVI. Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas y aquellas que le encomiende el Secretario.Civil.

Antecedentes

Como consecuencia de los sismos del 19 de septiembre de 1985, en el Estado de México el 21 de abril de 1986, se fundó el Comité de Solidaridad Mexiquense, como un órgano de apoyo en las labores de auxilio y reconstrucción, mismo que en agosto del mismo año, se integra como Consejo Estatal de Protección Civil, siendo éste el órgano de consulta y participación.

Posteriormente el 12 de  mayo de 1992, se creó la  Dirección General de Protección Civil, con facultades para instrumentar, coordinar, vigilar y evaluar el Sistema Estatal de Protección Civil. En ese mismo año, se modifica la Ley Orgánica Municipal, en la que se establece que los municipios deberán crear sus consejos y unidades de protección civil.

Para el 1° de febrero de 1994, se aprobó la Ley de Protección Civil del Estado de México, misma que fue abrogada por el Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en la "Gaceta del Gobierno", el 13 de diciembre del 2001, la cual tiene por objeto regular las acciones de protección civil en el Estado de México.

Por acuerdo del ejecutivo, el 1° de febrero del 2006 la Dirección General de Protección Civil, es incluida  en  la estructura orgánica de la entonces recién creada Agencia de Seguridad Estatal, como un órgano desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno.

Más tarde el 5 de noviembre de 2010, se publicó el reglamento de dicho Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México.

Por decreto del H. Legislatura del Estado de México, el 18 de octubre del 2011, la Agencia de Seguridad Estatal, cambia de categoría  a Secretaría de Seguridad Ciudadana, y la Dirección General de Protección Civil, continuó como una de sus unidades  administrativas.

Por decreto del Ejecutivo,  el 14 de noviembre de 2014, la Dirección General de Protección Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana pasa como Coordinación General de Protección Civil, adscrita a la Secretaría General de Gobierno.
La protección de la vida y los bienes es un concepto que se remonta a la aparición de los primeros hombres en la Tierra. Nuestros ascendientes de las cavernas debían protegerse no sólo contra los animales salvajes, sino también contra el frío, la tempestad y las inundaciones. Cuando abandonaban su refugio para salir a cazar debían sin duda prever un mecanismo para que los animales no vinieran a devorar sus provisiones. Desde el momento en que se constituyeron las familias hubo que pensar en defenderlas contra toda agresión durante la ausencia de los jefes. Después, a medida que se poblaron las regiones del planeta, se produjo la formación de clanes, tribus, comunidades, aldeas y poblados, y el concepto de la protección evolucionó para englobar otros elementos de riesgo, como robos, saqueos, ataques armados y violentos de todo tipo que ponen en peligro la vida y la integridad del territorio o del dominio personal con sus bienes. Por su parte, la naturaleza se hace más amenazante, porque ataca a colectividades enteras. E/ hombre contribuye también a la inseguridad ambiental por sus descuidos en el manejo del fuego, la construcción de viviendas poco estables, el empleo de materiales inadaptados y la implantación de poblaciones en zonas vulnerables.
 
En todo tiempo el hombre ha sido consciente de la necesidad de protegerse contra lo que le amenaza, instinto de conservación que comparte con todo ser vivo, pero parece que al evolucionar no ha sabido o querido siempre encontrar los remedios apropiados para organizar su defensa, como si la necesidad le empujara más bien a crear, producir, realizar y conquistar, sin preocuparse demasiado de desarrollar a la vez los mecanismos de protección. Ha habido, y hay, una diferencia indudable entre la empresa humana, admirable por sí misma, que va adelante al precio de sacrificios considerables,   incluso de la vida, y la conservación del ser y de los bienes adquiridos.
 
Solo en período de grandes peligros, como son guerras, epidemias o fenómenos naturales   de   una   violencia   excepcional,   el   hombre   percibe   su   enorme vulnerabilidad y reflexiona sobre los medios de protegerse más eficazmente contra los riesgos de todo tipo. En el momento de concebir y de realizar algunas medidas de protección, la memoria de las escenas trágicas se borra y con ella la urgencia de prever y organizar la defensa.
 
Durante mucho tiempo las poblaciones afectadas por un conflicto armado o una catástrofe natural pensaban encontrar su salvación Únicamente en la huida.
 
Abundan los ejemplos de sociedades,   incluso de civilización avanzada, que tuvieron que recurrir al "sálvese quien pueda" para escapar a la muerte. Citemos, con varios siglos de distancia, dos acontecimientos: la huida de los habitantes de Pompeya, que trataron en vano de escapar a la lava y a la lluvia incandescente del Vesubio. Es indudable que ante ciertos fenómenos naturales precisos, sobre todo antes de nuestra era, el hombre carecía de defensa.
 
Por otra parte, sería injusto afirmar que la autoridad encargada de administrar una comunidad o una sociedad organizada hizo poco o nada en materia de
Protección. Las fortificaciones descubiertas en el curso de excavaciones, los castillos y los fosos que rodean a las ciudadelas muestran que en el pasado los soldados no solo podían refugiarse en puntos protegidos, sino que cuidaban de que los habitantes no estuvieran indefensos mientras ellos iban a guerrear en otras partes. Por el contrario, los campesinos alejados de las ciudades estaban a la  merced  del  enemigo.  Se  han  encontrado  también  restos  de  diques  que muestran que nuestros antepasados trataban de protegerse contra las inundaciones o los deslizamientos de terreno.
 
Las sociedades modernas han abolido poco a poco las fortalezas y han abierto las ciudades tratando de garantizar  la  libre  circulación  de  hombres y  mercancías dentro de un país o más allá de las fronteras. Ello ha dado como consecuencia un desarrollo económico, cultural y social prodigioso, pero cuando se produce una guerra las ciudades y los campos están expuestos a tos ataques del enemigo y, en caso de derrota, a la invasión.
 
Con una población siniestrada, una economía en ruinas y edificios y viviendas e incluso ciudades enteras por reconstruir el país que ha atravesado un conflicto, cualquiera que sea el resultado, empieza a razonar después en términos un poco distintos: si la guerra es inevitable, por un motivo cualquiera, actuemos de modo que quede protegido el mayor número posible de vidas y de bienes. Estamos en el alba de ese nebuloso concepto de protección organizada que conducirá a lo que llamarnos hoy la protección civil. Sus antecedentes directos son los sistemas de la Última guerra mundial de denominaciones diversas, entre las cuales la más conocida es la <<defensa pasiva>>, asimilada esta siempre a una protección contra los ataques aéreos. Así se formaron los jefes de barrio, cuya misión, fundamentalmente no militar, consistía en vigilar el oscurecimiento de los edificios, liberar y salvar a los ciudadanos prisioneros de escombros después de un bombardeo, reconfortar a las personas sin vivienda y evitar en lo posible el pánico.
 
Esos responsables se reclutaban sobre todo entre los civiles válidos, pero que Habían sido declarados inaptos para luchar en el frente. Un poco antes se habían construido los primeros refugios antiaéreos colectivos, cuyo número no ceso de aumentar al paso de los años, principalmente en Inglaterra y Alemania, los países mas afectados, en donde contribuyeron a salvar numerosas vidas.
 
Después de ese conflicto mundial lo más normal era que se manifestara una voluntad evidente de olvidar el pasado y los horrores correspondientes, esto es, los  combates  producidos  o  sufridos,  mezclando  la  agresión,  la resistencia,  la defensa y la protección. La paz ante todo era la obsesión de la mayor parte de los gobernantes y de los pueblos, seguida  de la necesidad de reconstruir, desarrollar y enriquecerse. En ciertos países el término <<protección civil>> pasó a ser el objeto de una sospecha apenas velada o claramente expresada, porque era asimilable a la guerra, y se hizo lo necesario para dejar latente o incluso suprimir ese instrumento que había contribuido a salvar un número considerable de vidas humanas.
 
Solo se mantuvo un dispositivo de defensa integrado en sistemas agrupados en el seno de una alianza militar, y con ello totalmente alejado de la población civil.
 
Paradójicamente, ciertos países que no habían intervenido en el conflicto fueron los primeros que desarrollaron, conforme a puntos de vista y a enfoques muy distintos, una protección civil coherente, organizada y operativa (Suecia y Suiza).
 
Tratemos a hora de la protección civil dirigida sistemáticamente hacia la lucha contra los efectos de las catástrofes naturales. Ha encontrado un terreno especialmente favorable en lugares en donde esos fenómenos  se producen más frecuentemente,  esto  es,     en  los  países  en  desarrollo  que,  con  algunas excepciones (combates por la independencia o terrenos de lucha beligerantes), no han conocido las miserias sufridas por la población civil debidas a un conflicto importante. Siguiendo el razonamiento de los países industrializados de que la vida y los bienes merecen ser conservados  en tiempo de guerra, porque forman parte de la riqueza del país, los dirigentes del tercer mundo tomaron conciencia de la necesidad de proteger sus poblaciones, sus industrias nacientes y los bienes adquiridos con dificultad contra toda forma de agresión debida a una naturaleza cruel. En el caso de algunos fenómenos había que obtener una protección eficaz que no fuera la huida.
 
La  protección  civil  así  establecida  ha  impuesto  grandes  sacrificios  a  las poblaciones de los países de reciente independencia, pero ha sido rentable y numerosos ejemplos ponen de manifiesto su capacidad real, Sin embargo, el entusiasmo de los primeros años, el alentador empuje y la consolidación de los servicios  establecidos    han  ido  seguidos  de  una  fase  que  podría  llamarse "vacio", especie de estancamiento que parece mostrar que   el esfuerzo realizado ha sido demasiado rudo y que es preciso recuperarse. La recesión que ha afectado al mundo en su conjunto, pero ante todo a los países de economía vulnerable del tercer mundo, justifica en cierto modo este frenazo y la reticencia de los gobiernos a otorgar fondos importantes a la protección civil, mientras se encuentran enfrentados con la elección de prioridades, en la que la rentabilidad a corto plazo prima a menudo sobre la defensa de los bienes adquiridos, poco espectacular  en  si  misma.  Sin  embargo,  este  "crecimiento  cero"  de  la protección civil parece tocar a su fin con la aparición de nuevos peligros, los riesgos tecnológicos que ya no respetan a ningún país y cuyo potencial mortal puede superar los efectos de una catástrofe natural. Los accidentes debido a sustancias químicas, explosiones de cualquier tipo, contaminación por hidrocarburos, etc., no son ya el atributo exclusivo de los países muy industrializados. Las guerras endémicas o prolongadas, las revueltas exportadas y los éxodos masivos de poblaciones vienen a complicar la tarea de los gobiernos.

La protección Civil se enfrenta hoy, todavía más que el pasado, con una misión enorme y pluridisciplinaria.
 
Observando lo que sucede en el mundo, se percibe que todas las formas de catástrofes pueden afectar a todos los países.
 
La definición clásica de catástrofe  (un "vuelco" destructor y brusco del orden preestablecido en un conjunto natural y humano que provoca, con un carácter repentino  más  o  menos  marcado,  no  solo  daños  materiales  inmensos,  sino también una masa de heridos) permite excluir toda ambigüedad respecto a la función de la protección civil. Esta interviene antes, en el curso y después de una catástrofe de cualquier tipo y envergadura (conflictos bélicos, calamidades naturales, accidentes tecnológicos).
 
Esta imagen algo idealista de la protección civil no es ya utópica. Son muchos países que han percibido  la importancia de establecer un mecanismo trivalente capaz de ayudarles a responder a los desafíos de nuestro tiempo: guerras, fenómenos naturales agresivos y riesgos tecnológicos. En efecto, ¿Por qué mantener con grandes gastos un dispositivo de defensa contra los armamentos, cuando reina la paz, pero la naturaleza se venga y los artificios creados por el hombre causan muertes? ¿Por qué edificar un organismo de protección dedicado especialmente a la lucha contra las catástrofes naturales mientras puede surgir una guerra interior, limítrofe o generalizada?
 
Seamos realistas y razonemos en términos humanitarios y económicos pensando en el porvenir, incluso, si en principio esa protección civil pluridisciplinaria parece imposible de realizar y es demasiado costosa. No es indispensable tener todo al mismo tiempo. Hay que saber actuar por etapas y de modo sistemático.
 
 
Fuente:  Dr. Milan M. BODI.- Secretario General de la Organización Internacional de Protección Civil
Según define la Organización Internacional de Protección Civil, la protección civil es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de catástrofe (entiéndase desastre) o accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del conglomerado y del medio ambiente.
 
 
HISTORIA
 
La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 2 adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”, que es una de las disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja. Dicha disposición indica:
 
  1. Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas  humanitarias  que  se  mencionan  a  continuación,  destinadas  a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas son las siguientes:
      1.         Servicio de alarma,
      2.         Evacuación,
      3.         Habilitación y organización de refugios,
      4.         Aplicación de medidas de oscurecimiento,
      5.         Salvamento,
      6.         Servicios sanitarios, incluidos los de primeros auxilios, y asistencia religiosa;
      7.         Lucha contra incendios;
      8.         Detección y señalamiento de zonas peligrosas;
      9.         Descontaminación y medidas similares de protección;
      10.       Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia;
      11.       Ayuda   en   caso   de   urgencia   para   el   restablecimiento   y   el mantenimiento del orden en zonas damnificadas;
      12.       Medidas de urgencia  para  el  restablecimiento  de  los  servicios públicos indispensables;
      13.       Servicios funerarios de urgencia;
      14.       Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia;
      15.       Actividades complementarias necesarias para el desempeño de una cualquiera de las tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización.

   2.  Se entiende por organismos de protección civil los establecimientos y otras unidades creados o autorizados por la autoridad competente de una Parte en conflicto para realizar cualquiera de las tareas mencionadas en el apartado a) y destinados y dedicados exclusivamente al desempeño de esas tareas.
   3.  Se entiende por personal de organismos de protección civil las personas asignadas por una Parte en conflicto exclusivamente al desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a), incluido el personal asignado exclusivamente a la administración de esos organismos por la autoridad competente de dicha Parte.
   4.  Se entiende por material de organismos de protección civil el equipo, los suministros y los medios de transporte utilizados por esos organismos en el desempeño de las tareas mencionadas en el apartado a).
 
Su postulado básico es:
 
La Salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno
 
El 8 de junio de 1977, se adoptó, en Ginebra, el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I).
 
El citado Protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el día 21 de diciembre de 1982, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de enero de 1983, y promulgado el día 22 de diciembre de 1983.
 
El emblema internacional de Protección Civil se encuentra estipulado en el artículo No. 66 de dicho Protocolo, y dice:
 
Art.  66.- “El signo distintivo internacional de protección civil  consiste  en  un triángulo equilátero azul sobre fondo color naranja, cuando se utilice para la protección de los organismos de protección civil, de su personal, sus edificios y su material o para la protección de refugios civiles”.
 
 
EL SÍMBOLO DE PROTECCIÓN CIVIL
 
 



En el año de 1949, justo cuando la Liga de las Naciones, a la que pertenecía la Cruz Roja, debatía por la implementación de las tareas de Protección Civil, a través de un cuerpo de carácter civil y ya contemplado en el postulado básico de la misma, se lanza una convocatoria para buscar un distintivo que permitiera el reconocimiento de esta disciplina a nivel mundial.
 
Muchas naciones participan y es la de Israel la que gana con el símbolo de la Estrella de David enmarcada en un círculo de color anaranjado dentro de un cuadrado de color amarillo, como no cumplía con el requisito de representar a un organismo neutral, apolítico y laico, sufre algunas modificaciones, las que a continuación se detallan:
 
  • La Estrella de David se modificó, ya que sólo representaba a un pueblo, y lo más importante, a una religión, cosa que Protección Civil no puede admitir por ser imparcial. Por esta razón es modificada, dejando sólo el triángulo superior.
  • Los colores y la simbología representan lo siguiente:
  • Triangulo de Color Azul: simboliza la prevención, ya que el azul es un color que proporciona tranquilidad y protección  (de  ahí  que  los  cuerpos  policiacos  lo utilicen), al mismo tiempo el triángulo en todas las religiones representa al ser supremo o energía protectora, por lo que los países con una fuerte influencia religiosa dentro de su vida cotidiana, no opusieron inconveniente alguno en aceptarlo.
  • Cada lado del triángulo representa a cada fuerza (en el Distrito Federal) que reviene o atiende una emergencia, es decir, el Gobierno, los grupos voluntarios y la población en general, siempre en la base, ya que se rebasará la capacidad de respuesta de cualquier organismo por el simple hecho de estar en el lugar de la contingencia. Por lo que es la principal inquietud de Protección Civil el orientarlos para que adopten medidas de autoprotección que al mismo tiempo nos ayuden a las instituciones para brindar una mejor atención a la ciudadanía.
  • Círculo Anaranjado: este color representa la aceleración del metabolismo y mantiene en alerta a la persona, además de proporcionar a quien lo porta visibilidad, impidiendo accidentes por falta de la misma. Este color representa al DURANTE.
  • El Cuadro Amarillo: Este color al final fue desechado, pero quizá sea el que más contenido tenga o el que más hable al respecto de la actitud de las personas, ya que representa al DESPUÉS en un sentido complejo, para aclarar la idea es mejor que se haga referencia al semáforo, en el que el amarillo (ámbar) al parpadear indica una señal de preventiva, pero en realidad indica una señal de alerta sobre un peligro inminente. De ahí que se tenga que estar alerta de las consecuencias de un problema dado.

CARACTERÍSTICAS
 
En rasgos generales podemos concretar que la protección civil es la gestión de los servicios de emergencias de un país, extendida a todos los niveles, e involucrando a todas las partes.
Sin embargo, se entiende como protección civil en el sentido estricto a los cuerpos específicos encargados de proteger a los ciudadanos de un país ante catástrofes de cualquier tipo, sean de proveniencia humana o natural.
 
Los organismos que regulan la protección civil suelen, además, definir una forma de participación ciudadana por la que se tenga a un grupo de personas preparadas para actuar ante catástrofes, en apoyo a los servicios de emergencias asalariados, y que sirvan como responsables en la organización de la ayuda ciudadana.
 
 
 
Fuente: Wikipedia

Históricamente, la Protección (o Defensa) Civil tiene su origen de las necesidades de guerra, cuando es imperioso proteger a la población de los bombardeos aéreos del enemigo, ya sea a través de su organización correspondiente y su entrenamiento para la extinción de incendios -provocados por las bombas incendiarias- y para primeros auxilios, así como por medio del establecimiento de refugios  antiaéreos  y,  hasta  la  construcción  y  mantenimiento  de  refugios especiales para el caso  de  la guerra  atómica,  por mencionar algunas de  las actividades principales. Es por ello que en muchos países la Protección Civil solía estar bajo el mando del ejército y, como regla, la dirección y capacitación de la población estaba a cargo de los militares, ya que se trataba de la instrucción militar, de la protección de la población civil y de orientación y propaganda, en general.

Tal,  por  ejemplo,  cuando  México  entra  a  la  II  Guerra  Mundial  con  el  fin  de coordinar las actividades de la población civil con las de las fuerzas armadas, para prevenir cualquier agresión de que fuera víctima el país, por parte de los países enemigos,  "Se  instituye  en  el  territorio  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  la Defensa Civil como un medio que debe poner en práctica la población misma, en cooperación con las Autoridades Civiles y Militares, contra todo acto que lesione la soberanía, la integridad, el orden y la seguridad nacionales" (Artículo 1º), por el Decreto del 11 de agosto de 1942, que "depende únicamente del C. Presidente de la República, quien la dirigirá por sí, por conducto de su Estado Mayor o por el de las autoridades militares respectivas" (Artículo 2º); mientras que "El Estado Mayor Presidencial es el órgano encargado del control, dirección y coordinación de los Comités Centrales de la Defensa Civil, y al efecto, auxiliado por las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como por las Comandancias de Región y de Zonas Militares y Navales..." (Artículo 6º).

Este Decreto, posteriormente, se deroga por otro, fechado el 15 de octubre de 1945, "habiendo desaparecido la posibilidad  de  una agresión, en  virtud de la victoria alcanzada por las Naciones Unidas, contra los países totalitarios", esto es, cuando se acaba el peligro de una agresión de carácter bélico y, en particular, de los  "bombardeos  aéreos,  la  acción  en  nuestras  costas  de  unidades  navales adversarias; o bien, las actividades en todo el territorio de agentes enemigos, saboteadores, quintocolumnistas, propagandistas, etc.".

Es obvio que, tanto los objetivos y las actividades correspondientes para lograrlos, como las propias modalidades de organización y control, necesarias para atender la problemática de desastres, son completamente diferentes del caso de acciones bélicas. Esta diferencia se destaca, especialmente, en todo lo relativo a la prevención, donde el éxito depende de la adecuada organización y planeación de las Autoridades meramente Civiles, así como de la coparticipación de la Iniciativa Privada y del Sector Social. No obstante, se puede observar que hasta en el auxilio,  donde  la participación  de  las  Autoridades  Militares  tiene  una  especial importancia en la provisión de la seguridad, la mayoría de las acciones son de carácter civil, que se realizan mejor por y para la población. Claro, que debido a la ausencia de las estructuras organizativas y por la falta de capacitación de la población, el ejército mexicano ha tenido que encargarse de muchas responsabilidades,  realizando  las  actividades  que  no  son  inherentes  a  su profesión. Por ejemplo, estuvieron manejando los albergues para damnificados, a pesar de que, como regla, los cuerpos militares, en todo el mundo, están entrenados para tratar a los prisioneros de guerra y,  naturalmente, hay cierta diferencia entre las formas de mando de los albergues de damnificados y los campos para prisioneros de guerra.

En consecuencia, debido a la necesidad de asegurar la participación de la población, en tiempo de paz, en los programas de la reducción de riesgos, así como en los preparativos para el auxilio, en algunos países, se empezaron instalar nuevos sistemas organizativos, dedicados exclusiva y explícitamente a la prevención y atención de desastres.

Aún más, la Organización Internacional de Defensa Civil, una organización intergubernamental con la sede en Ginebra, Suiza, que integra "...45 países en desarrollo con el fin de promover la defensa civil en el mundo", también, fomenta "... la investigación en prevención de accidentes, administración de  desastres, cooperación  técnica  y  planeación  de  contingencias  en  diferentes  países". Asimismo ofrece el entrenamiento del personal y de administradores de desastres en  tales  actividades como  el  combate  de  incendios,  control  de  inundaciones, primeros auxilios y en estudios de sismos". Además, apoya a las autoridades nacionales  en  defensa  civil  para  "proteger  las  vidas  humanas a  través  de  la planeación organizada, entrenamiento, prevención, preparativos y respuesta a todas   las   emergencias,   incluyendo   los   desastres   naturales   y   accidentes producidos por el hombre".

Es así que, en las últimas décadas, se emergió, y ha ido madurando, una nueva conceptualización de Protección Civil, considerada como una actividad solidaria y participativa de los diversos sectores que integran a la sociedad, junto y bajo la dirección de la Administración Pública, en búsqueda de la seguridad y salvaguarda de los amplios núcleos de la población ante la posibilidad de ocurrencia de desastres, en tal forma que la sociedad constituye el destinatario y, a la vez, el actor principal de sus acciones.

En consecuencia, a fines de 1985, cuando tanto el propio desastre provocado por los  recientes  sismos  de  septiembre,  como  la  resultante  situación  política  en México, urgentemente demandaron, con un renovado ímpetu y, esta vez, en forma impostergable, el establecimiento de nuevos mecanismos de seguridad y salvaguarda  de  la  población  ante  desastres,  se  empleó  este  modernizado concepto de Protección Civil, así como se aprovecharon el marco conceptual de la IID y las experiencias provenientes de su desarrollo y aplicación.

A continuación, se expone brevemente la historia del establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Protección.

 

SURGIMIENTO DEL SINAPROC

A la fecha el SINAPROC cuenta con 23 años de vida, ya que se estableció por Decreto del Lic. Miguel de la Madrid -entonces Presidente de la República, publicado el día 6 de mayo de 1986 en el Diario Oficial de la Federación Sin embargo, el nacimiento del Sistema fue precedido por una larga historia del desarrollo de la Protección Civil en México.

Sus antecedentes comienzan, en forma implícita, hace muchos siglos junto con la historia de los pueblos que habitaban el territorio del país y que, de una u otra forma, estuvieron sobreviviendo a los desastres de sus épocas; y llegan hasta septiembre de 1985 desde esta fecha se destacan dos etapas, una muy breve, de unos seis o siete meses, dedicada a la conceptualización y planeación del SINAPROC y la otra, mucho más larga, que abarca los 23  años ya mencionados, de su establecimiento y desarrollo.

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El nacimiento del SINAPROC frecuentemente se considera como una consecuencia de los sismos de 1985. Y hay mucha razón, ya que la situación de emergencia vivida, mostró la imperiosa necesidad de contar con un sistema cabal de seguridad civil a nivel nacional, a través del establecimiento de la legislación, organización y planeación, que integra, orienta y coordina las dependencias existentes, así como los organismos de la iniciativa privada y las organizaciones de voluntariado, en sus esfuerzos para proteger y atender mejor a la población ante la eventualidad de un desastre.

Sin embargo, el SINAPROC tiene muchos antecedentes y es natural, ya que la sociedad tenía que acudir a las funciones de Protección Civil, en forma implícita, desde los inicios del país, para enfrentar a los graves desastres con enormes pérdidas humanas y daños materiales, que estuvieron produciendo los diversos fenómenos destructivos, tales como sismos, vulcanismo, inundaciones, epidemias, por mencionar sólo algunos, a los cuales siempre estaba propensa y vulnerable, debido a su ubicación geográfica y las características demográficas, históricas y culturales.

De la descripción detallada de los diversos desastres ocurridos en la historia durante las Épocas Prehispánica, Colonial, del México Independiente y del Siglo XX (que se extiende hasta los primeros cinco años de la novena década, se revela la panorámica de una enorme y heroica lucha de diversos pueblos que habitaban el territorio desde tiempos inmemoriales, contra los fenómenos destructivos naturales y antropogénicos.

En la mitología, capturada por los cronistas del siglo XVI, se da una gran importancia a los sismos, huracanes e inundaciones, destacándose que "el inicio de la edad que vivimos se originó por un gran sismo que sepultó a los pobladores originales, los míticos gigantes quinametin".

Con la Conquista, al espectro tradicional de fenómenos destructivos se añaden nuevas condiciones socio - políticas, que resultan en las epidemias y la extinción masiva y completa de la población indígena. No es posible leer, sin horrorizarse, de los fríos datos estadísticos que "en la Cuenca de México, la población pasó de 1'500,000 habitantes, en 1519, a sólo 70,000 a principios del siglo XVII", esto es, una reducción de 1'430,000 durante un siglo o, en promedio de 14,300 habitantes por año.

Asimismo, se menciona que "en toda el área de Nueva España la población disminuyó de seis millones a menos de uno para 1620", lo que da, en promedio 50,000 exterminados por año, en el transcurso de un siglo, como consecuencia de la dominación española y la subyugación indígena, según las mismas Bases.

Por si esto no fuera suficiente, en la Época del México Independiente, "las luchas de Independencia, de la Reforma y de la Revolución, así como las guerras contra las intervenciones extranjeras  dejaron por sí solas una estela de destrucción, tragedia y miseria"; únicamente la revolución, a principios de este siglo, arrojó un saldo de un millón de muertos.

En el siglo XX, debido al desarrollo industrial, crecimiento de la población y su concentración en grandes urbes, se presentaron nuevos fenómenos destructivos y crecieron substancialmente los desastres en su magnitud y extensión.

Es obvio que todas estas circunstancias han ido presentando, en el transcurso del tiempo, cada vez más grandes retos para la Protección Civil.

En las mismas crónicas mencionadas, se describe la organización de grandes asentamientos urbanos, así como los sistemas de cultivo con riego y drenaje, las obras hidráulicas de protección contra inundaciones, tales como diques y canales, que además, sirvieron en su tiempo, para la transportación y comunicación, los acueductos para el abasto de agua potable, etc. Esta lucha contra fenómenos de origen hidrometeorológico se renovó con nuevas fuerzas y conocimientos durante la Época colonial, cuando las técnicas y los instrumentos prehispánicos se complementaron y modernizaron con la ingeniería y tecnología traídas por los españoles. Entre diversas obras, se destaca la construcción de un túnel y de un canal a cielo abierto, en 1608, que permitió drenar la cuenca de México y, así, disminuir el peligro de inundaciones. Esta tendencia de levantar las obras públicas se conserva y refuerza durante toda la historia de México, llegando en el siglo XX a su apogeo, a pesar de sus altísimos costos.

Desafortunadamente, la literatura disponible se dedica, principalmente, a los aspectos ingenieriles y tecnológicos de prevención de desastres; mientras que la información sobre los socio - políticos y, en particular, sobre los detalles de la organización administrativa para su atención y, en particular del Sector Público, es muy escasa.

Sin embargo, se puede observar que desde el inicio de la Época del México Independiente, el Estado ha reconocido la importancia de lo que se llama ahora Protección Civil y ha asumido su responsabilidad, a través de sus dependencias, aunque en forma implícita, parcial y fragmentaria.

Tal, es el caso de la Secretaría de Estado, nacida en 1821, y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que pasa en 1841 al Ministerio de Relaciones, que tienen las atribuciones de "la policía de salubridad, juntas de Sanidad, Hospitales, Hospicios, Epidemias, Vacuna, Casas de Beneficencia, y desagüe de Huehuetoca". En 1852, estas atribuciones pasan al Ministerio de Justicia, en cuyo Reglamento se encuentran "los negocios pertenecientes a hospitales, hospicios, montepío y establecimientos de beneficencia,  pestes y vacuna" y la "conservación de los canales, puentes y calzadas, nivelación y alineamientos de la capital, y la dirección de las obras públicas e hidráulicas del Distrito". En el decreto de 1853, se destacan como atribuciones de la Secretaría de Estado y Gobernación, las de atender "Pestes, medios preventivos y socorros públicos cuando las haya, así como vacunas, su conservación y preparación". Asimismo, en un Decreto del Presidente Benito Juárez, sobre la distribución de ramos de la Administración Pública, se mencionan para esta Secretaría las siguientes atribuciones relevantes: "la policía de salubridad, epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de expósitos y salas de asilo". Con el desarrollo del Estado moderno, han ido diferenciándose sus diversas funciones, a través del establecimiento de organismos más específicos, lo que, a su vez, implicó la precisión de las atribuciones correspondientes a la Protección Civil y su redistribución entre éstos.

Entrando a los tiempos más recientes -sin tratar de agotar el tema y con el objetivo de   mencionar  sólo  unos   ejemplos-,   es  importante  destacar  los   logros   y experiencias en la atención de emergencias, principalmente por medio del Plan DN-IIIE de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Plan homólogo de la Secretaría de Marina. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, firmada el 18 de marzo  de  1971, en  su primer artículo,  establece  que  estas instituciones se destinan, en otros, a "III. Auxiliar a la población Civil y cooperar con sus autoridades en casos de necesidades públicas y prestarles ayuda en obras sociales y en todas las que tiendan el progreso del país, conforme a las órdenes que se dicten al respecto". Es por ello, que el Plan DN-IIIE "tiene el objeto de aminorar o limitar los efectos de un desastre en una zona devastada o establecer las medidas tendientes a capacitar y coordinar mejor a las Fuerzas Armadas para  auxiliar a  la población  civil, en  las áreas en  que  ocurra  algún desastre o se prevea la posibilidad de ello". Asimismo, en la Ley Orgánica de la Armada de México, firmada el 21 de diciembre del mismo año, en su Artículo 2 declara, entre las funciones de la armada, "V. Efectuar operaciones de rescate y salvamento en la mar y, en general, en aguas nacionales" y "VII. Auxiliar a la población civil en los casos y zonas de desastres o emergencias, actuando por sí o conjuntamente con el Ejército y la Fuerza Aérea, conforme el Plan Nacional de Auxilio".

Asimismo, son bien reconocidas las contribuciones substanciales de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la prevención y mitigación de desastres, causados por los fenómenos destructivos de origen hidrometeorológico y  por los  incendios  forestales;  así  como  de  la  Secretaría  de  Salubridad  y Asistencia, que tradicionalmente extendía sus servicios al ámbito de prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades contagiosas, así como de los accidentes.

Además, se  distinguían, en  aquella  época,  los  esfuerzos  de  la Secretaría  de Desarrollo Urbano y Ecología y, su antecesor, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que mediante la planeación urbana y el desarrollo de la legislación y normatividad ecológica, buscaban tanto diagnosticar los peligros, como establecer los programas municipales de prevención y atención de emergencias, así como los de Protección Ecológica. Y por último, pero no menos importante, se recalca el papel del Secretario de la Gobernación que tenía la facultad de coordinar las situaciones de Emergencia, según el Artículo 3º de la Ley de Población, que establece que "para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o, en su caso, promoverá ante las dependencias competentes o entidades  correspondientes, las medidas necesarias para: XIII. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, así como las de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que prevea u ocurra algún desastre".

Además, como regla, después de cada desastre, se han ido formando diversos órganos, para atender y resolver las situaciones específicas de emergencia presentadas, que normalmente solían disolverse al término del sexenio correspondiente, tal como pasó, por ejemplo, con la Comisión Permanente de Auxilio en Casos de Siniestros en el Distrito Federal, integrada por instrucciones del Presidente de República, a raíz de los graves daños causados por una tormenta en el cerro del Ajusco, en mayo de 1972, por el personal del DDF, de la SEDENA, de la Marina, de la SSA y de la SARH, así como con la participación del INPI y la Conasupo, con el fin de prevenir siniestros en el DF y en las zonas limítrofes con el Estado de México, atención médica y distribución de víveres cuando se presentaran desastres.

Sin embargo, como muestra el análisis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, firmada el 24 de diciembre de 1976 y revisada el 23 de diciembre de 1982, fueron muy escasas las atribuciones explícitas de las Dependencias Federales directamente relacionadas con la materia de Protección Civil.

Por ejemplo, el Artículo 35 correspondiente a la SARH, en su Fracción XXXV, establece su responsabilidad de "Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones"; a la SSA, según el Artículo 39 corresponde "IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República" y "XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afectan la salud, contra el alcoholismo y las toximanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad"; mientras que a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Artículo 40) corresponde  "XI Estudiar y ordenar las medidas de  seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento".

La posterior reforma a la Ley precisó, por un lado, la obligación de la SARH (Artículo 35) de "XXXII. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial"; por el otro, pasó a la SEDUE (Artículo 37) la responsabilidad anterior de la SSA de "XV. Formular y conducir la política de saneamiento ambiental, en coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia", así como la facultad, que  anteriormente  pertenecía  a  SARH,  de  "XXV.  Regular  el  alejamiento,  la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales y las condiciones que deben satisfacerse antes de descargarse en las redes de colectores, cuencas, causes, vasos y demás depósitos y corrientes de agua; así como su infiltración en el subsuelo, para evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos, en coordinación con las Secretarias de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salubridad y Asistencia".

Entre las adiciones, se destaca una serie de responsabilidades relacionadas con los problemas ecológicos, correspondientes a la entonces recién creada SEDUE (Artículo 37): "XVI. Establecer los criterios ecológicos para el uso y destino de los recursos  naturales  y  para  preservar  la  calidad  del  medio  ambiente;  XVII. Determinar las normas que aseguren la conservación de los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad; XVIII. Vigilar en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales la aplicación de las normas y programas que establezca para la protección o restitución de los sistemas ecológicos del país".

Es así que, a pesar de los logros particulares de cada una de las dependencias referidas y las experiencias adquiridas con cada uno de los desastres ocurridos en los últimos decenios, estaba revelándose, cada vez con más trágicas consecuencias, una enorme falta de organización, planeación y coordinación entre los diversos organismos existentes.

En este sentido, el Sistema de Protección y Restablecimiento del Distrito Federal (SIPROR), cuyo diseño e implantación se realizó a principios de la década de los ochenta, fue el primer organismo promotor y coordinador de protección civil en nuestro país.

El SIPROR buscó integrar los diversos organismos de la ciudad, relacionados, de una u otra manera, con la problemática de desastres, precisando las funciones y responsabilidades   de   éstos,   así   como   sus   interrelaciones   y   formas   de coordinación. Sus objetivos comprendieron, por un lado, la prevención de fenómenos destructivos y la mitigación de sus efectos adversos, lo que constituyó el objetivo general de protección; por el otro, la atención de las situaciones de emergencia y la posterior recuperación de la ciudad, integrados en el objetivo general de restablecimiento; los que dieron el nombre del SIPROR.

Sin embargo, para que cristalizara la necesidad de contar con un sistema de esta naturaleza para todo el territorio nacional faltaba una decisión política, cuya impostergabilidad se reveló debido a la situación de una emergencia mayor, que fue  provocada por los sismos  de  1985, cuando  el desastre  rebasó  todos los recursos disponibles y previstos para enfrentarlo.

Es bien conocida, en el área de sociología de desastres, una ley que afirma que los desastres, además de las consecuencias negativas, traen las positivas, dando como ejemplo el desarrollo de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que el aprovechamiento de las últimas constituye uno de los objetivos primordiales de la etapa de recuperación.

En   este   sentido,   es   posible   hablar   sobre   una   consecuencia   positiva   y trascendental  de  los  sismos  de  1985,  percibida  por  el  ejecutivo  federal  y respaldada por su voluntad política: el surgimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

 

ETAPA  DE  CONCEPTUALIZACIÓN  Y  PLANEACIÓN  DEL SINAPROC

Para enfrentar y resolver los problemas causados por los sismos, el entonces Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid, creó la Comisión Nacional de Reconstrucción el 3 de octubre de 1985, "como órgano de consulta y participación en las acciones de los sectores público, privado y social", entre cuyas funciones se destaca la de "...sentar las bases para establecer los mecanismos, sistemas y organismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros desastres, incorporando las experiencias de instituciones públicas, sociales y privadas, de la comunidad científica y de la sociedad en general" .

En el seno de esta Comisión, pasando una semana (el día 10 de octubre de 1985), fue instalado, por Acuerdo Presidencial, el Comité de Prevención de Seguridad Civil, como "órgano auxiliar, encargado de estudiar y proponer todas las acciones relativas a la seguridad, participación y coordinación de los ciudadanos, en caso de desastre", con "el objeto de realizar los estudios que llevaran a establecer un Sistema Nacional de Protección Civil...".

Por la alta prioridad que se le dio a este Comité, fue encabezado por el Presidente de la República, fungiendo como su coordinador el Secretario de Gobernación y, como Secretario Técnico, el Subsecretario de Gobernación, e integrado por los titulares de ocho Secretarias de Estado, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Director del Centro Nacional de Estudios Municipales y el Secretario General del Consejo Nacional de Población.

Asimismo, según lo previsto en el acuerdo mencionado, el Comité fue "integrado con representantes de los organismos sociales y privados, de los institutos de investigación científica públicos y privados, de los colegios profesionales y con miembros de la sociedad interesados en contribuir al logro de los fines y a la mejor realización de las tareas del Comité", lo que permitió encauzar los trabajos de los nueve Subcomités en las siguientes materias:

  1. Investigación en materia de Protección Civil.
  2. Detección y prevención de catástrofes.
  3. Desarrollo y aplicación tecnológica.
  4. Organización y participación social.
  5. Educación y capacitación.
  6. Marco jurídico.
  7. Planeación y ejecución de acciones inmediatas ante desastres.
  8. Integración de la Federación, Estados y Municipios en materia de Protección Civil.
  9. Comunicación Social.

Además de la convocatoria abierta, que aseguró la amplia participación de los diversos estratos de la población, de las dependencias del sector público y de las instituciones privadas en los trabajos del Comité de Prevención de Seguridad Civil, se realizó una ardua labor de recopilación de información disponible, tanto en México, como en extranjero, a través del Secretariado Técnico.

Desde su inicio, se ha ido concibiendo el Sistema Nacional de Protección Civil como una integración orgánica de las diferentes estructuras y elementos, con el fin de proteger a los ciudadanos contra los riesgos que se presentan ante la eventualidad de un desastre. Para lograr este objetivo, se tuvo que contar con una estructura orgánica y con métodos y procedimientos correspondientes, para asegurar un empleo óptimo de recursos y tiempo disponible. Es por ello que esta primera etapa, denominada Conceptualización y Planeación tenía, como objetivo principal, el establecimiento de las bases conceptuales del nuevo sistema, a través de la precisión de su marco general, así como de la planeación y realización de los diversos trabajos necesarios para éste.

El diseño e implantación del Sistema Nacional de Protección Civil, así como los lineamientos de su futura operación y desarrollo se basaron en los siguientes seis principios:

  1. Participación solidaria de los sectores público, privado y social;
  2. Concordancia con la estructura del sector público, estableciendo así tres niveles de organización: Federal, Estatal y Municipal;
  3. Optimización   del   empleo   de   los   recursos,   a   través   del   mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y su eficiente compartimiento entre los diversos organismos constituyentes;
  4. Subordinación al Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo que significa  el funcionamiento,  la  operación  y el  desarrollo,  basados  en  la elaboración y ejecución de los programas anuales, de acuerdo con cuatro vertientes: de obligación, de coordinación, de concertación y de inducción;
  5. Sustento legal, basado tanto en la legislación existente como en la elaboración de la legislación, reglamentación y normatividad faltantes; y
  6. Aprovechamiento de la experiencia y del acervo de conocimiento científico y tecnológico,    tanto    nacional    como    internacional,    a    través    del establecimiento de organismos especiales.

Los resultados de la primera etapa, que abarcan las definiciones básicas y los elementos principales de la organización del Sistema y de planeación de su funcionamiento, además de un diagnóstico, la determinación de los objetivos y una propuesta del Programa de Protección Civil, se plasmaron en las mencionadas Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

Es importante subrayar que las propias Bases establecieron, además, dos etapas posteriores, que tenían que atenderse después de la instalación del SINAPROC y que se describen a continuación.

 

INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La  entrega y aprobación  de  las Bases, proporcionó un  nuevo  mecanismo  de operación, que pudo permitir a atender de inmediato, por lo menos, cualquier emergencia en el ámbito de la Protección Civil. Sin embargo, las propias Bases consideran el carácter transitorio de este mecanismo, ya que todavía faltó establecer las nuevas reglas y precisar las funciones para todos los participantes. Es por ello, que se determinaron dos etapas consecuentes e indispensables para concluir el proceso de instrumentación del SINAPROC: la segunda, la de organización y programación y la tercera, la de puesta en marcha.

La segunda etapa, que se inició con la entrega de las Bases, tenía como su objetivo principal el establecimiento de los siguientes elementos para la organización y programación del Sistema:

 

  • Estructura institucional, esto es, la constitución de la estructura orgánica que llevará a cabo la operación del Sistema.
  • Criterios homogéneos de participación y de división de funciones para deslindar las responsabilidades de las diversas dependencias y organismos que integran el Sistema, así como para asegurar la compatibilidad de su funcionamiento y la eficiencia de las bases de coordinación entre ellos.
  • Compromisos de participación, los que se asumen por cada uno de los participantes de acuerdo con sus áreas de responsabilidad relacionadas con el Sistema y que contemplan, también, los criterios de su ensamble en el contexto del Sistema, en virtud de la naturaleza de sus funciones y áreas de competencia.
  • Programación específica, que transforma los compromisos de participación en programas de acciones, definidos en tiempo y respaldados con recursos, en tal forma que cada uno de los participantes presenta su programa de acción y, así, en conjunto se cubran los vacíos  y se eliminen  las sobreposiciones en acciones específicas.
  1. Manuales de métodos y procedimientos (generales y específicos), que norman la planeación y ejecución de las diferentes acciones de cada participante, asegurando así la legitimidad de éstas, así como el cumplimiento de los reglamentos y normas pertinentes.
  2. Definición y cuantificación de recursos, que permite conocer los recursos disponibles y, en su caso, solicitar y asignar los necesarios tanto para la prevención como para el auxilio.

Las Bases prevean que  esta  segunda etapa  “no deberá exceder los tiempos estrictamente necesarios para estar preparados para el inicio de la operación del Sistema” y, como propuesta inicial, se considera un lapso de 12-20 semanas.

La tercera etapa, denominada puesta en marcha, que fue trazada en las Bases en términos generales, tenía el objetivo de establecer los criterios y procedimientos de evaluación de la eficacia y eficiencia de funcionamiento del Sistema, en torno de las dos vertientes destacadas: de prevención y de auxilio en caso de desastre, así como la consecuente retroalimentación de estas evaluaciones, con el fin de asegurar  la  dinámica  del  mejoramiento  del  Sistema.  Se  realizará  por  "los miembros de la estructura del Sistema ya ajustado, a través de las deliberaciones que se desarrollarán durante la segunda etapa".

De manera enunciativa y no limitada, se hace referencia a las actividades que deberán ser contempladas, tales como:

  1. El   establecimiento   del   Sistema   Nacional   de   Protección   Civil   y   su organización a nivel nacional, así como el impulso al establecimiento de las unidades de protección civil en entidades federativas y en municipios.
  2. El establecimiento de las bases jurídicas del SINAPROC y el impulso al establecimiento de las bases jurídicas de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil.
  3. El establecimiento del Consejo Nacional de Protección Civil e impulso al establecimiento de los Consejos Estatales y Municipales.
  4. El establecimiento de los mecanismos de participación social a nivel estatal y municipal.
  5. La preparación del Programa Nacional de Protección Civil.

Marco Jurídico

Constituciones Políticas