1. Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o de todas las tareas  humanitarias  que  se  mencionan  a  continuación,  destinadas  a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia. Estas tareas son las siguientes:

 

• La Estrella de David se modificó, ya que sólo representaba a un pueblo, y lo más importante, a una religión, cosa que Protección Civil no puede admitir por ser imparcial. Por esta razón es modificada, dejando sólo el triángulo superior.
• Los colores y la simbología representan lo siguiente:
• Triangulo de Color Azul: simboliza la prevención, ya que el azul es un color que proporciona tranquilidad y protección  (de  ahí  que  los  cuerpos  policiacos  lo utilicen), al mismo tiempo el triángulo en todas las religiones representa al ser supremo o energía protectora, por lo que los países con una fuerte influencia religiosa dentro de su vida cotidiana, no opusieron inconveniente alguno en aceptarlo.
• Cada lado del triángulo representa a cada fuerza (en el Distrito Federal) que reviene o atiende una emergencia, es decir, el Gobierno, los grupos voluntarios y la población en general, siempre en la base, ya que se rebasará la capacidad de respuesta de cualquier organismo por el simple hecho de estar en el lugar de la contingencia. Por lo que es la principal inquietud de Protección Civil el orientarlos para que adopten medidas de autoprotección que al mismo tiempo nos ayuden a las instituciones para brindar una mejor atención a la ciudadanía.
• Círculo Anaranjado: este color representa la aceleración del metabolismo y mantiene en alerta a la persona, además de proporcionar a quien lo porta visibilidad, impidiendo accidentes por falta de la misma. Este color representa al DURANTE.
• El Cuadro Amarillo: Este color al final fue desechado, pero quizá sea el que más contenido tenga o el que más hable al respecto de la actitud de las personas, ya que representa al DESPUÉS en un sentido complejo, para aclarar la idea es mejor que se haga referencia al semáforo, en el que el amarillo (ámbar) al parpadear indica una señal de preventiva, pero en realidad indica una señal de alerta sobre un peligro inminente. De ahí que se tenga que estar alerta de las consecuencias de un problema dado.

Históricamente, la Protección (o Defensa) Civil tiene su origen de las necesidades de guerra, cuando es imperioso proteger a la población de los bombardeos aéreos del enemigo, ya sea a través de su organización correspondiente y su entrenamiento para la extinción de incendios -provocados por las bombas incendiarias- y para primeros auxilios, así como por medio del establecimiento de refugios  antiaéreos  y,  hasta  la  construcción  y  mantenimiento  de  refugios especiales para el caso  de  la guerra  atómica,  por mencionar algunas de  las actividades principales. Es por ello que en muchos países la Protección Civil solía estar bajo el mando del ejército y, como regla, la dirección y capacitación de la población estaba a cargo de los militares, ya que se trataba de la instrucción militar, de la protección de la población civil y de orientación y propaganda, en general.

Tal,  por  ejemplo,  cuando  México  entra  a  la  II  Guerra  Mundial  con  el  fin  de coordinar las actividades de la población civil con las de las fuerzas armadas, para prevenir cualquier agresión de que fuera víctima el país, por parte de los países enemigos,  "Se  instituye  en  el  territorio  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  la Defensa Civil como un medio que debe poner en práctica la población misma, en cooperación con las Autoridades Civiles y Militares, contra todo acto que lesione la soberanía, la integridad, el orden y la seguridad nacionales" (Artículo 1º), por el Decreto del 11 de agosto de 1942, que "depende únicamente del C. Presidente de la República, quien la dirigirá por sí, por conducto de su Estado Mayor o por el de las autoridades militares respectivas" (Artículo 2º); mientras que "El Estado Mayor Presidencial es el órgano encargado del control, dirección y coordinación de los Comités Centrales de la Defensa Civil, y al efecto, auxiliado por las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como por las Comandancias de Región y de Zonas Militares y Navales..." (Artículo 6º).

Este Decreto, posteriormente, se deroga por otro, fechado el 15 de octubre de 1945, "habiendo desaparecido la posibilidad  de  una agresión, en  virtud de la victoria alcanzada por las Naciones Unidas, contra los países totalitarios", esto es, cuando se acaba el peligro de una agresión de carácter bélico y, en particular, de los  "bombardeos  aéreos,  la  acción  en  nuestras  costas  de  unidades  navales adversarias; o bien, las actividades en todo el territorio de agentes enemigos, saboteadores, quintocolumnistas, propagandistas, etc.".

Es obvio que, tanto los objetivos y las actividades correspondientes para lograrlos, como las propias modalidades de organización y control, necesarias para atender la problemática de desastres, son completamente diferentes del caso de acciones bélicas. Esta diferencia se destaca, especialmente, en todo lo relativo a la prevención, donde el éxito depende de la adecuada organización y planeación de las Autoridades meramente Civiles, así como de la coparticipación de la Iniciativa Privada y del Sector Social. No obstante, se puede observar que hasta en el auxilio,  donde  la participación  de  las  Autoridades  Militares  tiene  una  especial importancia en la provisión de la seguridad, la mayoría de las acciones son de carácter civil, que se realizan mejor por y para la población. Claro, que debido a la ausencia de las estructuras organizativas y por la falta de capacitación de la población, el ejército mexicano ha tenido que encargarse de muchas responsabilidades,  realizando  las  actividades  que  no  son  inherentes  a  su profesión. Por ejemplo, estuvieron manejando los albergues para damnificados, a pesar de que, como regla, los cuerpos militares, en todo el mundo, están entrenados para tratar a los prisioneros de guerra y,  naturalmente, hay cierta diferencia entre las formas de mando de los albergues de damnificados y los campos para prisioneros de guerra.

En consecuencia, debido a la necesidad de asegurar la participación de la población, en tiempo de paz, en los programas de la reducción de riesgos, así como en los preparativos para el auxilio, en algunos países, se empezaron instalar nuevos sistemas organizativos, dedicados exclusiva y explícitamente a la prevención y atención de desastres.

Aún más, la Organización Internacional de Defensa Civil, una organización intergubernamental con la sede en Ginebra, Suiza, que integra "...45 países en desarrollo con el fin de promover la defensa civil en el mundo", también, fomenta "... la investigación en prevención de accidentes, administración de  desastres, cooperación  técnica  y  planeación  de  contingencias  en  diferentes  países". Asimismo ofrece el entrenamiento del personal y de administradores de desastres en  tales  actividades como  el  combate  de  incendios,  control  de  inundaciones, primeros auxilios y en estudios de sismos". Además, apoya a las autoridades nacionales  en  defensa  civil  para  "proteger  las  vidas  humanas a  través  de  la planeación organizada, entrenamiento, prevención, preparativos y respuesta a todas   las   emergencias,   incluyendo   los   desastres   naturales   y   accidentes producidos por el hombre".

Es así que, en las últimas décadas, se emergió, y ha ido madurando, una nueva conceptualización de Protección Civil, considerada como una actividad solidaria y participativa de los diversos sectores que integran a la sociedad, junto y bajo la dirección de la Administración Pública, en búsqueda de la seguridad y salvaguarda de los amplios núcleos de la población ante la posibilidad de ocurrencia de desastres, en tal forma que la sociedad constituye el destinatario y, a la vez, el actor principal de sus acciones.

En consecuencia, a fines de 1985, cuando tanto el propio desastre provocado por los  recientes  sismos  de  septiembre,  como  la  resultante  situación  política  en México, urgentemente demandaron, con un renovado ímpetu y, esta vez, en forma impostergable, el establecimiento de nuevos mecanismos de seguridad y salvaguarda  de  la  población  ante  desastres,  se  empleó  este  modernizado concepto de Protección Civil, así como se aprovecharon el marco conceptual de la IID y las experiencias provenientes de su desarrollo y aplicación.

A continuación, se expone brevemente la historia del establecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Protección.

SURGIMIENTO DEL SINAPROC

A la fecha el SINAPROC cuenta con 23 años de vida, ya que se estableció por Decreto del Lic. Miguel de la Madrid -entonces Presidente de la República, publicado el día 6 de mayo de 1986 en el Diario Oficial de la Federación Sin embargo, el nacimiento del Sistema fue precedido por una larga historia del desarrollo de la Protección Civil en México.

Sus antecedentes comienzan, en forma implícita, hace muchos siglos junto con la historia de los pueblos que habitaban el territorio del país y que, de una u otra forma, estuvieron sobreviviendo a los desastres de sus épocas; y llegan hasta septiembre de 1985 desde esta fecha se destacan dos etapas, una muy breve, de unos seis o siete meses, dedicada a la conceptualización y planeación del SINAPROC y la otra, mucho más larga, que abarca los 23  años ya mencionados, de su establecimiento y desarrollo.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El nacimiento del SINAPROC frecuentemente se considera como una consecuencia de los sismos de 1985. Y hay mucha razón, ya que la situación de emergencia vivida, mostró la imperiosa necesidad de contar con un sistema cabal de seguridad civil a nivel nacional, a través del establecimiento de la legislación, organización y planeación, que integra, orienta y coordina las dependencias existentes, así como los organismos de la iniciativa privada y las organizaciones de voluntariado, en sus esfuerzos para proteger y atender mejor a la población ante la eventualidad de un desastre.

Sin embargo, el SINAPROC tiene muchos antecedentes y es natural, ya que la sociedad tenía que acudir a las funciones de Protección Civil, en forma implícita, desde los inicios del país, para enfrentar a los graves desastres con enormes pérdidas humanas y daños materiales, que estuvieron produciendo los diversos fenómenos destructivos, tales como sismos, vulcanismo, inundaciones, epidemias, por mencionar sólo algunos, a los cuales siempre estaba propensa y vulnerable, debido a su ubicación geográfica y las características demográficas, históricas y culturales.

De la descripción detallada de los diversos desastres ocurridos en la historia durante las Épocas Prehispánica, Colonial, del México Independiente y del Siglo XX (que se extiende hasta los primeros cinco años de la novena década, se revela la panorámica de una enorme y heroica lucha de diversos pueblos que habitaban el territorio desde tiempos inmemoriales, contra los fenómenos destructivos naturales y antropogénicos.

En la mitología, capturada por los cronistas del siglo XVI, se da una gran importancia a los sismos, huracanes e inundaciones, destacándose que "el inicio de la edad que vivimos se originó por un gran sismo que sepultó a los pobladores originales, los míticos gigantes quinametin".

Con la Conquista, al espectro tradicional de fenómenos destructivos se añaden nuevas condiciones socio - políticas, que resultan en las epidemias y la extinción masiva y completa de la población indígena. No es posible leer, sin horrorizarse, de los fríos datos estadísticos que "en la Cuenca de México, la población pasó de 1'500,000 habitantes, en 1519, a sólo 70,000 a principios del siglo XVII", esto es, una reducción de 1'430,000 durante un siglo o, en promedio de 14,300 habitantes por año.

Asimismo, se menciona que "en toda el área de Nueva España la población disminuyó de seis millones a menos de uno para 1620", lo que da, en promedio 50,000 exterminados por año, en el transcurso de un siglo, como consecuencia de la dominación española y la subyugación indígena, según las mismas Bases.

Por si esto no fuera suficiente, en la Época del México Independiente, "las luchas de Independencia, de la Reforma y de la Revolución, así como las guerras contra las intervenciones extranjeras  dejaron por sí solas una estela de destrucción, tragedia y miseria"; únicamente la revolución, a principios de este siglo, arrojó un saldo de un millón de muertos.

En el siglo XX, debido al desarrollo industrial, crecimiento de la población y su concentración en grandes urbes, se presentaron nuevos fenómenos destructivos y crecieron substancialmente los desastres en su magnitud y extensión.

Es obvio que todas estas circunstancias han ido presentando, en el transcurso del tiempo, cada vez más grandes retos para la Protección Civil.

En las mismas crónicas mencionadas, se describe la organización de grandes asentamientos urbanos, así como los sistemas de cultivo con riego y drenaje, las obras hidráulicas de protección contra inundaciones, tales como diques y canales, que además, sirvieron en su tiempo, para la transportación y comunicación, los acueductos para el abasto de agua potable, etc. Esta lucha contra fenómenos de origen hidrometeorológico se renovó con nuevas fuerzas y conocimientos durante la Época colonial, cuando las técnicas y los instrumentos prehispánicos se complementaron y modernizaron con la ingeniería y tecnología traídas por los españoles. Entre diversas obras, se destaca la construcción de un túnel y de un canal a cielo abierto, en 1608, que permitió drenar la cuenca de México y, así, disminuir el peligro de inundaciones. Esta tendencia de levantar las obras públicas se conserva y refuerza durante toda la historia de México, llegando en el siglo XX a su apogeo, a pesar de sus altísimos costos.

Desafortunadamente, la literatura disponible se dedica, principalmente, a los aspectos ingenieriles y tecnológicos de prevención de desastres; mientras que la información sobre los socio - políticos y, en particular, sobre los detalles de la organización administrativa para su atención y, en particular del Sector Público, es muy escasa.

Sin embargo, se puede observar que desde el inicio de la Época del México Independiente, el Estado ha reconocido la importancia de lo que se llama ahora Protección Civil y ha asumido su responsabilidad, a través de sus dependencias, aunque en forma implícita, parcial y fragmentaria.

Tal, es el caso de la Secretaría de Estado, nacida en 1821, y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, que pasa en 1841 al Ministerio de Relaciones, que tienen las atribuciones de "la policía de salubridad, juntas de Sanidad, Hospitales, Hospicios, Epidemias, Vacuna, Casas de Beneficencia, y desagüe de Huehuetoca". En 1852, estas atribuciones pasan al Ministerio de Justicia, en cuyo Reglamento se encuentran "los negocios pertenecientes a hospitales, hospicios, montepío y establecimientos de beneficencia,  pestes y vacuna" y la "conservación de los canales, puentes y calzadas, nivelación y alineamientos de la capital, y la dirección de las obras públicas e hidráulicas del Distrito". En el decreto de 1853, se destacan como atribuciones de la Secretaría de Estado y Gobernación, las de atender "Pestes, medios preventivos y socorros públicos cuando las haya, así como vacunas, su conservación y preparación". Asimismo, en un Decreto del Presidente Benito Juárez, sobre la distribución de ramos de la Administración Pública, se mencionan para esta Secretaría las siguientes atribuciones relevantes: "la policía de salubridad, epidemias, vacuna, beneficencia pública, hospitales, hospicios, casas de expósitos y salas de asilo". Con el desarrollo del Estado moderno, han ido diferenciándose sus diversas funciones, a través del establecimiento de organismos más específicos, lo que, a su vez, implicó la precisión de las atribuciones correspondientes a la Protección Civil y su redistribución entre éstos.

Entrando a los tiempos más recientes -sin tratar de agotar el tema y con el objetivo de   mencionar  sólo  unos   ejemplos-,   es  importante  destacar  los   logros   y experiencias en la atención de emergencias, principalmente por medio del Plan DN-IIIE de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Plan homólogo de la Secretaría de Marina. La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, firmada el 18 de marzo  de  1971, en  su primer artículo,  establece  que  estas instituciones se destinan, en otros, a "III. Auxiliar a la población Civil y cooperar con sus autoridades en casos de necesidades públicas y prestarles ayuda en obras sociales y en todas las que tiendan el progreso del país, conforme a las órdenes que se dicten al respecto". Es por ello, que el Plan DN-IIIE "tiene el objeto de aminorar o limitar los efectos de un desastre en una zona devastada o establecer las medidas tendientes a capacitar y coordinar mejor a las Fuerzas Armadas para  auxiliar a  la población  civil, en  las áreas en  que  ocurra  algún desastre o se prevea la posibilidad de ello". Asimismo, en la Ley Orgánica de la Armada de México, firmada el 21 de diciembre del mismo año, en su Artículo 2 declara, entre las funciones de la armada, "V. Efectuar operaciones de rescate y salvamento en la mar y, en general, en aguas nacionales" y "VII. Auxiliar a la población civil en los casos y zonas de desastres o emergencias, actuando por sí o conjuntamente con el Ejército y la Fuerza Aérea, conforme el Plan Nacional de Auxilio".

Asimismo, son bien reconocidas las contribuciones substanciales de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en la prevención y mitigación de desastres, causados por los fenómenos destructivos de origen hidrometeorológico y  por los  incendios  forestales;  así  como  de  la  Secretaría  de  Salubridad  y Asistencia, que tradicionalmente extendía sus servicios al ámbito de prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades contagiosas, así como de los accidentes.

Además, se  distinguían, en  aquella  época,  los  esfuerzos  de  la Secretaría  de Desarrollo Urbano y Ecología y, su antecesor, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, que mediante la planeación urbana y el desarrollo de la legislación y normatividad ecológica, buscaban tanto diagnosticar los peligros, como establecer los programas municipales de prevención y atención de emergencias, así como los de Protección Ecológica. Y por último, pero no menos importante, se recalca el papel del Secretario de la Gobernación que tenía la facultad de coordinar las situaciones de Emergencia, según el Artículo 3º de la Ley de Población, que establece que "para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o, en su caso, promoverá ante las dependencias competentes o entidades  correspondientes, las medidas necesarias para: XIII. Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal, estatal y municipal, así como las de los organismos privados para el auxilio de la población en las áreas en que prevea u ocurra algún desastre".

Además, como regla, después de cada desastre, se han ido formando diversos órganos, para atender y resolver las situaciones específicas de emergencia presentadas, que normalmente solían disolverse al término del sexenio correspondiente, tal como pasó, por ejemplo, con la Comisión Permanente de Auxilio en Casos de Siniestros en el Distrito Federal, integrada por instrucciones del Presidente de República, a raíz de los graves daños causados por una tormenta en el cerro del Ajusco, en mayo de 1972, por el personal del DDF, de la SEDENA, de la Marina, de la SSA y de la SARH, así como con la participación del INPI y la Conasupo, con el fin de prevenir siniestros en el DF y en las zonas limítrofes con el Estado de México, atención médica y distribución de víveres cuando se presentaran desastres.

Sin embargo, como muestra el análisis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, firmada el 24 de diciembre de 1976 y revisada el 23 de diciembre de 1982, fueron muy escasas las atribuciones explícitas de las Dependencias Federales directamente relacionadas con la materia de Protección Civil.

Por ejemplo, el Artículo 35 correspondiente a la SARH, en su Fracción XXXV, establece su responsabilidad de "Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra inundaciones"; a la SSA, según el Artículo 39 corresponde "IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República" y "XVI. Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afectan la salud, contra el alcoholismo y las toximanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad"; mientras que a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Artículo 40) corresponde  "XI Estudiar y ordenar las medidas de  seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores, y vigilar su cumplimiento".

La posterior reforma a la Ley precisó, por un lado, la obligación de la SARH (Artículo 35) de "XXXII. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial"; por el otro, pasó a la SEDUE (Artículo 37) la responsabilidad anterior de la SSA de "XV. Formular y conducir la política de saneamiento ambiental, en coordinación con la Secretaría de Salubridad y Asistencia", así como la facultad, que  anteriormente  pertenecía  a  SARH,  de  "XXV.  Regular  el  alejamiento,  la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales y las condiciones que deben satisfacerse antes de descargarse en las redes de colectores, cuencas, causes, vasos y demás depósitos y corrientes de agua; así como su infiltración en el subsuelo, para evitar la contaminación que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos, en coordinación con las Secretarias de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Salubridad y Asistencia".

Entre las adiciones, se destaca una serie de responsabilidades relacionadas con los problemas ecológicos, correspondientes a la entonces recién creada SEDUE (Artículo 37): "XVI. Establecer los criterios ecológicos para el uso y destino de los recursos  naturales  y  para  preservar  la  calidad  del  medio  ambiente;  XVII. Determinar las normas que aseguren la conservación de los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad; XVIII. Vigilar en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales la aplicación de las normas y programas que establezca para la protección o restitución de los sistemas ecológicos del país".

Es así que, a pesar de los logros particulares de cada una de las dependencias referidas y las experiencias adquiridas con cada uno de los desastres ocurridos en los últimos decenios, estaba revelándose, cada vez con más trágicas consecuencias, una enorme falta de organización, planeación y coordinación entre los diversos organismos existentes.

En este sentido, el Sistema de Protección y Restablecimiento del Distrito Federal (SIPROR), cuyo diseño e implantación se realizó a principios de la década de los ochenta, fue el primer organismo promotor y coordinador de protección civil en nuestro país.

El SIPROR buscó integrar los diversos organismos de la ciudad, relacionados, de una u otra manera, con la problemática de desastres, precisando las funciones y responsabilidades   de   éstos,   así   como   sus   interrelaciones   y   formas   de coordinación. Sus objetivos comprendieron, por un lado, la prevención de fenómenos destructivos y la mitigación de sus efectos adversos, lo que constituyó el objetivo general de protección; por el otro, la atención de las situaciones de emergencia y la posterior recuperación de la ciudad, integrados en el objetivo general de restablecimiento; los que dieron el nombre del SIPROR.

Sin embargo, para que cristalizara la necesidad de contar con un sistema de esta naturaleza para todo el territorio nacional faltaba una decisión política, cuya impostergabilidad se reveló debido a la situación de una emergencia mayor, que fue  provocada por los sismos  de  1985, cuando  el desastre  rebasó  todos los recursos disponibles y previstos para enfrentarlo.

Es bien conocida, en el área de sociología de desastres, una ley que afirma que los desastres, además de las consecuencias negativas, traen las positivas, dando como ejemplo el desarrollo de Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, de tal forma que el aprovechamiento de las últimas constituye uno de los objetivos primordiales de la etapa de recuperación.

En   este   sentido,   es   posible   hablar   sobre   una   consecuencia   positiva   y trascendental  de  los  sismos  de  1985,  percibida  por  el  ejecutivo  federal  y respaldada por su voluntad política: el surgimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

ETAPA  DE  CONCEPTUALIZACIÓN  Y  PLANEACIÓN  DEL SINAPROC

Para enfrentar y resolver los problemas causados por los sismos, el entonces Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid, creó la Comisión Nacional de Reconstrucción el 3 de octubre de 1985, "como órgano de consulta y participación en las acciones de los sectores público, privado y social", entre cuyas funciones se destaca la de "...sentar las bases para establecer los mecanismos, sistemas y organismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros desastres, incorporando las experiencias de instituciones públicas, sociales y privadas, de la comunidad científica y de la sociedad en general" .

En el seno de esta Comisión, pasando una semana (el día 10 de octubre de 1985), fue instalado, por Acuerdo Presidencial, el Comité de Prevención de Seguridad Civil, como "órgano auxiliar, encargado de estudiar y proponer todas las acciones relativas a la seguridad, participación y coordinación de los ciudadanos, en caso de desastre", con "el objeto de realizar los estudios que llevaran a establecer un Sistema Nacional de Protección Civil...".

Por la alta prioridad que se le dio a este Comité, fue encabezado por el Presidente de la República, fungiendo como su coordinador el Secretario de Gobernación y, como Secretario Técnico, el Subsecretario de Gobernación, e integrado por los titulares de ocho Secretarias de Estado, el Jefe del Departamento del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Director del Centro Nacional de Estudios Municipales y el Secretario General del Consejo Nacional de Población.

Asimismo, según lo previsto en el acuerdo mencionado, el Comité fue "integrado con representantes de los organismos sociales y privados, de los institutos de investigación científica públicos y privados, de los colegios profesionales y con miembros de la sociedad interesados en contribuir al logro de los fines y a la mejor realización de las tareas del Comité", lo que permitió encauzar los trabajos de los nueve Subcomités en las siguientes materias:

1. Investigación en materia de Protección Civil.
2. Detección y prevención de catástrofes.
3. Desarrollo y aplicación tecnológica.
4. Organización y participación social.
5. Educación y capacitación.
6. Marco jurídico.
7. Planeación y ejecución de acciones inmediatas ante desastres.
8. Integración de la Federación, Estados y Municipios en materia de Protección Civil.
9. Comunicación Social.

Además de la convocatoria abierta, que aseguró la amplia participación de los diversos estratos de la población, de las dependencias del sector público y de las instituciones privadas en los trabajos del Comité de Prevención de Seguridad Civil, se realizó una ardua labor de recopilación de información disponible, tanto en México, como en extranjero, a través del Secretariado Técnico.

Desde su inicio, se ha ido concibiendo el Sistema Nacional de Protección Civil como una integración orgánica de las diferentes estructuras y elementos, con el fin de proteger a los ciudadanos contra los riesgos que se presentan ante la eventualidad de un desastre. Para lograr este objetivo, se tuvo que contar con una estructura orgánica y con métodos y procedimientos correspondientes, para asegurar un empleo óptimo de recursos y tiempo disponible. Es por ello que esta primera etapa, denominada Conceptualización y Planeación tenía, como objetivo principal, el establecimiento de las bases conceptuales del nuevo sistema, a través de la precisión de su marco general, así como de la planeación y realización de los diversos trabajos necesarios para éste.

El diseño e implantación del Sistema Nacional de Protección Civil, así como los lineamientos de su futura operación y desarrollo se basaron en los siguientes seis principios:

1. Participación solidaria de los sectores público, privado y social;
2. Concordancia con la estructura del sector público, estableciendo así tres niveles de organización: Federal, Estatal y Municipal;
3. Optimización   del   empleo   de   los   recursos,   a   través   del   mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y su eficiente compartimiento entre los diversos organismos constituyentes;
4. Subordinación al Sistema Nacional de Planeación Democrática, lo que significa  el funcionamiento,  la  operación  y el  desarrollo,  basados  en  la elaboración y ejecución de los programas anuales, de acuerdo con cuatro vertientes: de obligación, de coordinación, de concertación y de inducción;
5. Sustento legal, basado tanto en la legislación existente como en la elaboración de la legislación, reglamentación y normatividad faltantes; y
6. Aprovechamiento de la experiencia y del acervo de conocimiento científico y tecnológico,    tanto    nacional    como    internacional,    a    través    del establecimiento de organismos especiales.

Los resultados de la primera etapa, que abarcan las definiciones básicas y los elementos principales de la organización del Sistema y de planeación de su funcionamiento, además de un diagnóstico, la determinación de los objetivos y una propuesta del Programa de Protección Civil, se plasmaron en las mencionadas Bases para el Establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

Es importante subrayar que las propias Bases establecieron, además, dos etapas posteriores, que tenían que atenderse después de la instalación del SINAPROC y que se describen a continuación.

INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

La  entrega y aprobación  de  las Bases, proporcionó un  nuevo  mecanismo  de operación, que pudo permitir a atender de inmediato, por lo menos, cualquier emergencia en el ámbito de la Protección Civil. Sin embargo, las propias Bases consideran el carácter transitorio de este mecanismo, ya que todavía faltó establecer las nuevas reglas y precisar las funciones para todos los participantes. Es por ello, que se determinaron dos etapas consecuentes e indispensables para concluir el proceso de instrumentación del SINAPROC: la segunda, la de organización y programación y la tercera, la de puesta en marcha.

La segunda etapa, que se inició con la entrega de las Bases, tenía como su objetivo principal el establecimiento de los siguientes elementos para la organización y programación del Sistema:

• Estructura institucional, esto es, la constitución de la estructura orgánica que llevará a cabo la operación del Sistema.
• Criterios homogéneos de participación y de división de funciones para deslindar las responsabilidades de las diversas dependencias y organismos que integran el Sistema, así como para asegurar la compatibilidad de su funcionamiento y la eficiencia de las bases de coordinación entre ellos.
• Compromisos de participación, los que se asumen por cada uno de los participantes de acuerdo con sus áreas de responsabilidad relacionadas con el Sistema y que contemplan, también, los criterios de su ensamble en el contexto del Sistema, en virtud de la naturaleza de sus funciones y áreas de competencia.
• Programación específica, que transforma los compromisos de participación en programas de acciones, definidos en tiempo y respaldados con recursos, en tal forma que cada uno de los participantes presenta su programa de acción y, así, en conjunto se cubran los vacíos  y se eliminen  las sobreposiciones en acciones específicas.

1. Manuales de métodos y procedimientos (generales y específicos), que norman la planeación y ejecución de las diferentes acciones de cada participante, asegurando así la legitimidad de éstas, así como el cumplimiento de los reglamentos y normas pertinentes.
2. Definición y cuantificación de recursos, que permite conocer los recursos disponibles y, en su caso, solicitar y asignar los necesarios tanto para la prevención como para el auxilio.

Las Bases prevean que  esta  segunda etapa  “no deberá exceder los tiempos estrictamente necesarios para estar preparados para el inicio de la operación del Sistema” y, como propuesta inicial, se considera un lapso de 12-20 semanas.

La tercera etapa, denominada puesta en marcha, que fue trazada en las Bases en términos generales, tenía el objetivo de establecer los criterios y procedimientos de evaluación de la eficacia y eficiencia de funcionamiento del Sistema, en torno de las dos vertientes destacadas: de prevención y de auxilio en caso de desastre, así como la consecuente retroalimentación de estas evaluaciones, con el fin de asegurar  la  dinámica  del  mejoramiento  del  Sistema.  Se  realizará  por  "los miembros de la estructura del Sistema ya ajustado, a través de las deliberaciones que se desarrollarán durante la segunda etapa".

De manera enunciativa y no limitada, se hace referencia a las actividades que deberán ser contempladas, tales como:

1. El   establecimiento   del   Sistema   Nacional   de   Protección   Civil   y   su organización a nivel nacional, así como el impulso al establecimiento de las unidades de protección civil en entidades federativas y en municipios.
2. El establecimiento de las bases jurídicas del SINAPROC y el impulso al establecimiento de las bases jurídicas de los Sistemas Estatales y Municipales de Protección Civil.
3. El establecimiento del Consejo Nacional de Protección Civil e impulso al establecimiento de los Consejos Estatales y Municipales.
4. El establecimiento de los mecanismos de participación social a nivel estatal y municipal.
5. La preparación del Programa Nacional de Protección Civil.